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diciembre de 2002
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Moción presentada en el Cogreso de Diputados |
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Extractos del debate parlamentario sobre la Moción
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre los criterios del
Gobierno Español para cumplir con la aconfesionalidad del Estado
y en el que se cita a la Plataforma Ciudadana por una Sociedad laica
y el Manifiesto firmado ya por más de 50 organizaciones.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista López Garrido dijo: “Señora Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera oportuna esta moción defendida en nombre del Grupo Mixto por el señor Puigcercós, porque en el fondo de ella está la defensa del principio de la aconfesionalidad y del laicismo o, más exactamente, de la laicidad –prefiero hablar de la laicidad- como componente básico de una democracia civil moderna”. En otro momento del debate López Garrido añade: “...la idea de laicidad como ética civil común, como la base de un diálogo civil es seguramente lo que está en el fondo de los problemas enquistados durante siglos en la sociedad española. A la laicidad se refiere una plataforma de organizaciones por una sociedad laica y yo no me resisto a reproducir ese manifiesto tan reciente que esa plataforma ha aprobado porque hace una definición de la importancia de un poder público laico y de los valores que fundamentan la laicidad como lo único que permite la integración de todos los ciudadanos en una sociedad abierta en plano de igualdad”. “Realmente –sigue López Garrido- el concepto de laicidad es lo único que permite una verdadera integración social, por eso es tan importante, y va más allá del plano puramente religioso o de la separación entre Iglesia y Estado. El laicismo –dice el manifiesto aprobado por esta plataforma- es una ética ilustrada que promueve los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia entre todos los seres humanos, con independencia de su adscripción religiosa”. Y ya casi al final de su intervención, López Garrido hizo alusión a los acuerdos del estado con la Iglesia católica: “Siguen existiendo enclaves que no se corresponden con el proceso de laicidad que hay en el fondo de nuestra Constitución. Por ejemplo, los Acuerdos de 1979 con la Iglesia católica, especialmente los acuerdos en relación con el ejército, que nada tienen que ver con conceptos auténticos de laicidad, de neutralidad del Estado y de las instituciones públicas con respecto a cualquier religión. O los privilegios fiscales de la iglesia católica; o los problemas que tienen que ver con la asignatura de religión en escuelas públicas financiadas por el Estado, donde profesores de religión predican como pecado, por ejemplo, el divorcio o el aborto aunque están aceptados por el Estado laico; cuando hay separación entre iglesia y Estado, sin embargo en esas clases de religión se predican como algo pecaminoso y contrario”. Posteriormente intervino el diputado del Grupo Federal de Izquierda Unida, Rejón Gieb quien señaló: “Cuando Jesús de Nazaret dijo aquello de que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, ustedes, para evitar la esquizofrenia, decidieron hacer una síntesis y construyeron o bien el dios del dinero o el dinero de Dios, y si no, explíquenme, señorías, con qué parte de la Iglesia católica crean ustedes relaciones de cooperación, por ejemplo, en el conflicto de Caja Sur. ¿Con quién están ustedes, con la estructura de la Iglesia y, por lo tanto, con el señor Obispo, o están ustedes con el cura Castillejo, enfrentado al señor Obispo? Parece que están ustedes con el cura Castillejo, enfrentados al Obispo. Por lo tanto, ¿se respeta la jerarquía eclesiástica o no?” Por el Grupo Parlamentario Popular intervino Atencia Robledo quien, entre otras cosas, dijo: “Señorías, la iniciativa que debatimos...nos parece parte de una posición que respetamos pero que no podemos compartir. Es la del llamado laicismo activo. No la podemos compartir porque este planteamiento no está ni en la Constitución ni en el sentir mayoritario del pueblo español”. Más adelante, Atencia dice: “Lo que postula el señor Puigcercós, el llamado laicismo activo –la doctrina dice también laicismo beligerante- es un planteamiento respetable, como todos, pero que esconde de fondo un planteamiento dogmático y en muchos casos, y lo digo a efectos dialécticos, este laicismo utilizado por algunos lo que esconde es un nuevo fenómeno religioso absolutamente dogmático que pretende arrinconar el hecho religioso exclusivamente a la privacidad, cosa totalmente sorprendente. En cualquier caso el laicismo activo, el laicismo beligerante, es un planteamiento minoritario en la realidad actual de la sociedad española”. El Diputado del Grupo Popular finalizó su intervención diciendo: “En definitiva, señoría, no podemos respaldar la moción por ser contraria a los principios y preceptos constitucionales, a los derechos fundamentales de los españoles y porque además es contraria a los sentimientos mayoritarios de la sociedad española. Nada más y muchas gracias”. Por su parte, el Diputado del Grupo Mixto, Puigcercós i Boixassa, defendió la moción con estos argumentos. “...la moción que hoy vamos a defender se basa en cuatro puntos que pretenden garantizar una actuación en materia de derechos civiles más acorde con el concepto de aconfesionalidad del Estado. Decimos derechos civiles porque la imposición por parte de diferentes ámbitos –de la Administración del Estado y de sus servicios públicos, como podrían ser los centros educativos o los medios públicos de comunicación social- de conceptos o dogmas religiosos, en este caso el catolicismo, es una conculcación de los derechos individuales y de la misma Constitución que el Partido Popular, y como señalábamos la semana pasada incluso la misma Conferencia Episcopal, asumen ya como un dogma de fé”. “Se trata de que hoy en pleno siglo XXI la religión pase a la esfera privada, al concepto conocido como la privacidad y que las políticas públicas no se vean determinadas y condicionadas por grupos de presión o la militancia religiosa de determinados miembros o sectores del Gobierno. Ni se trata –como afirmaba el ministro la semana pasada- de que se obligue desde una supuesta minoría –que se puede declarar agnóstica o simplemente no creyente- se quiera imponer una determinada cosmovisión laica. No, señores, no se trata de esto. Se trata, en definitiva, de que el Estado sea un organismo neutro, la Administración del Estado declare la neutralidad y defienda el derecho de ciudadanía más allá de dogmas doctrinarios religiosos o ideológicos”. “Actualmente lo que está sucediendo –subraya el Diputado Puigcercós- es lo contrario: que un gobierno cuyos miembros en su mayoría profesan la religión católica se impone a los demás y da privilegios a la Iglesia católica de acuerdo con lo que les dicta su conciencia. Lo denunciamos en la interpelación: privilegios en materia de fiscalidad, privilegios en materia de poco o nulo control, como ocurre con la Ley de Fundaciones o situaciones paradójicas como pasó en la Ley Financiera, con las cajas de ahorro de la Iglesia católica. Se trata de garantizar la neutralidad del derecho y de la Administración ante las diferentes iglesias, no sólo la Iglesia católica, porque curiosamente olvidamos las demás iglesias o las demás religiones, organizaciones religiosas o creencias. Esta es la auténtica libertad religiosa”. “Señoras diputadas, señores diputados, no se puede, en nombre de una mayoría católica conculcar el derecho positivo y mantener acuerdos con el Estado Vaticano que vulneran los más elementales derechos, como el escandaloso despido de un profesor de religión por el simple hecho de ser una persona separada. Esto pasó incluso en sentencias judiciales. Finalmente, el Tribunal Constitucional dará la razón a las personas cuyos derechos fueron conculcados”, afirmó el diputado del Grupo Mixto. Finalmente, Puigcercós destacó que la “...moción tiene cuatro puntos. En primer lugar, garantizar la neutralidad religiosa de la Administración y de los servicios públicos del Estado. Hay que poner freno a que con fondos públicos se financien aspectos de dogmatismo religioso y se privilegie a instituciones de la Iglesia católica con una visión más doctrinal. En segundo lugar, pedíamos revisar los acuerdos con el Estado Vaticano o distintas confesiones para adaptarlo a la correcta interpretación constitucional y a los cambios sociales y culturales a que antes hacíamos mención”. “El Concordato con el Vaticano es de 1953, sólo mencionar esta fecha haría necesaria una reflexión de los señores de la mayoría. En el año 1953 algunos a lo mejor estaban muy cómodos, pero en el año 1953 había una dictadura feroz, atroz, y el dictador, bajo palio, entraba en las iglesias. Hace falta recordar esto. Sólo por esta razón habría que reflexionar. En el año 1969 se firmaron con el Vaticano una serie de acuerdos de los que hoy en día el Partido Popular está haciendo una lectura expansiva y la está llevando a la educación. Así vemos que la religión aparece otra vez en la última ley sobre la calidad de la educación, aún en trámite parlamentario; al igual que la no fiscalización de fundaciones, asociaciones o entidades de la Iglesia católica o los aspectos relativos a la Ley Financiera. Habría que eliminar también los privilegios de tipo religioso del ordenamiento jurídico. Se trata de leyes como la Ley de Libertad Religiosa del año 1980...Finalmente propondríamos la creación de una comisión para dotar de mecanismos que garantizaran el cumplimiento de estas propuestas, con el fin de llevar a cabo lo que tendría que ser razonable y de sentido común, es decir, la aconfesionalidad y la neutralidad ideológica y religiosa de los organismos del estado, de los servicios públicos, en definitiva, de los símbolos, las subvenciones y las ayudas a los fondos públicos que se puedan acometer. Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados”.
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